El monumento a los caídos del bando agresor del 36 que hoy todavía podemos ver a la entrada de la iglesia de Unzue, en el extremo norte de nuestra merindad, es una de tantas señales que perviven de un lacerante agravio histórico. Unos tuvieron décadas de honores y reconocimiento, se sabía dónde estaban enterrados y la localización de los restos de sus desaparecidos y la atención a los familiares fue preocupación preferente del régimen. Otros han tenido que esperar 70 años para contar con un lugar en Navarra donde honrar el símbolo de la memoria de los que murieron en defensa del pan, de la tierra y de la libertad. Y ello tras sortear una larga cadena de trabas institucionales. Pero hay al menos mil personas desaparecidas en nuestra geografía cuyos restos nadie sabe en qué fosa común o en qué otro lugar se encuentran.
Todo parece indicar que el requerimiento judicial de Garzón para facilitar el acceso de la Policía Judicial a los archivos de las parroquias para investigar lo ocurrido con los desaparecidos tras el golpe militar fascista no puede tener mucho recorrido. De instituciones como la Conferencia Episcopal o el abad del Valle de los Caídos, expresamente invocadas por el juez, no se puede esperar otra cosa que hostilidad y rechazo a cualquier colaboración con quienes trabajan por esclarecer los horrores de la represión. Además, lo tienen fácil para lavarse las manos. Mucho más productivo podría ser permitir el acceso de los investigadores e historiadores a los archivos de la Policía y de la Guardia Civil y a los de los registros civiles. Pero sus responsables, tampoco en los períodos de gobierno socialista, están por la labor. Por eso no se ha acordado curiosamente el juez de dirigirles la misma orden indagatoria. En definitiva, efectismo y protagonismo más que otra cosa, mucho más ruido que nueces.
Praxku