El 8 de octubre se hacía público el Informe Global de Competitividad 2008-2009, un estudio que anualmente edita el Foro Económico Mundial, organizador del encuentro anual de Davos. Y la independencia judicial del Estado español queda puesta en entredicho. Ocupa el puesto 56 de un total de 134 estados, quedando por detrás de dictaduras como Egipto o Arabia Saudi y justo por delante de Nigeria.
Con su primera mayoría absoluta, el PSOE aprovechó para aprobar que la elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) fuera realizada por el Congreso de los Diputados. En el Estado español no existe la separación de poderes. Y lo peor de todo, no existe ningún atisbo de cambios que faciliten la independencia judicial frente al poder político. Esto beneficia a PSOE y PP, por tanto un cambio les perjudicaría y no lo van a permitir. "Como en la restauración, los liberales y conservadores, ahora PP y PSOE son los que se reparten todo. Los demás, invitados para que no quede tan crudo”, denuncia Alfonso López Tena, vocal del CGPJ.Y tras las negociaciones por el CGPJ, ha comenzado una lucha similar por el Tribunal Constitucional.
La falta de independencia judicial también ha llevado al Estado español a recibir protestas por parte del relator especial de la ONU sobre la independencia de los magistrados y abogados. La última de ellas, en junio, observaba “con preocupación que los atentados a la independencia de los jueces, los abogados y los funcionarios judiciales son cada vez más frecuentes” en más de 50 Estados, entre ellos el español. En 1998, el relator denunciaba que las declaraciones del ministro de Interior, Jaime Mayor Oreja, exigiendo una condena de más de ocho años para la Mesa Nacional de Herri Batasuna “podrían ser entendidas como un intento del gobierno de influir al tribunal al exponer lo que se esperaba de la sentencia”.
Si la lucha por el control del Tribunal Constitucional o del CGPJ han sido notorias en las últimas semanas, mucho menores son los enfrentamientos por el control de la Audiencia Nacional (AN). Una instancia que sólo tenía competencia para juzgar determinados delitos, en su inicio la lucha contra ETA, que se han ido ampliando según las decisiones gubernamentales. “Existe una importante tradición bipartita, de acuerdo entre PP y PSOE. Es una institución de combate frente a un enemigo interno del propio sistema político”, describe José Ángel Brandariz, profesor de Derecho Penal de la Universidade da Coruña. Por suparte, Raimundo Viejo Viñas, profesor de Teoría Política de la Universitat Pompeu Fabra, destaca su “naturaleza, ya que es el sucesor del Tribunal de Orden Público franquista. Es una institución anómala”. “Incluso, dentro del mundo profesional no tiene un gran prestigio. No suele significar un trampolín para instancias superiores como el Supremo o el Constitucional. Eso sí, sus integrantes son elegidos por el CGPJ”, explica Brandariz.En diferentes momentos se ha exigido la desaparición de la AN, por parte del Gobierno vasco o de diferentes colectivos sociales. En unas jornadas por la Prevención de la Tortura en Barcelona, el juez Santiago Vidal, de la Audiencia Provincial de Barcelona afirmaba : “Hace falta suprimir la Audiencia Nacional”.
(Héctor Rojo, en "Diagonal")
