No será porque no se avisó del disparate que se avecinaba en Gendulain. Les importó un carajo. Un carajo a los constructores, impulsores de la iniciativa. Un carajo al Gobierno foral, que se implicó hasta el cuello y les dio luz verde. Un carajo a las entidades bancarias que, entonces sí, pusieron la pasta. Con una Cuenca convertida en una selva de grúas y unos ayuntamientos en competición para ver quién urbanizaba más, hasta un ciego veía que entre las construidas y las por construir había ya vivienda para satisfacer las necesidades de tres generaciones de navarros (otra cosa eran sus precios). Lo sabían y, sin embargo, se metieron en la aventura. En Gendulain la segunda ciudad de Navarra iba a surgir de la nada para dar morada a 50.000 personas que nadie sabía de dónde iban a venir. Un año después, la juerga se ha acabado. La no tan modesta contribución navarra a la orgía inmobiliaria global, bendecida, alentada y puede que hasta agradecida por nuestros gobernantes, ha derivado en paredes desnudas sobre las que ya no se coloca un ladrillo. Gendulain se ha convertido en un fiasco de proporciones siderales en el que se ha pillado las manos un estamento que en los últimos años ha ganado dinero a expuertas en esta comunidad. Por una vez iba a ser verdad eso de que la avaricia rompe el saco. Pero no, ahí está el PSN al quite, 7º de caballería de unos empresarios de la construcción rodeados por la hoguera que ellos mismos han contribuido a prender. UPN ya ha dicho que estudiará la propuesta socialista. Dará su consentimiento y el pufo de los constructores costará 90 millones de euros que pagaremos a escote los contribuyentes de la provincia. Al igual que en Washington y en Madrid, también aquí el dinero contra la crisis se lo van a llevar los mismos que la han alimentado. Navarra sigue homologándose. El socialismo para ricos va a tener pronto su versión foral. Qué alegría, qué alboroto.
Aingeru Epaltza (Diario de Noticias)
Quieren evitar que quienes ayuden solidariamente a las personas extanjeras en “situación irregular» sean sancionadas con una multa económica. Bajo el manifiesto Salvemos la hospitalidad, una plataforma denuncia las intenciones del Gobierno reflejadas en el anteproyecto de modificación de la Ley de Extranjería que provocaría que «ONGs, congregaciones religiosas y ciudadanos que ejercen la acogida y solidaridad con las personas inmigrantes en situación irregular verían perseguida su actuación».
