En 1955, mientras se iba terminando uno de los mausoleos más grandes y descomunales del planeta, el régimen de Franco colocó una orden religiosa, el de los benedictinos, para que tuviera cuidado del culto religioso en el Valle de los Caídos. En la actualidad, y en una de las plazas del franquismo que más ha resistido a la democracia, el orden sigue allí, cobrando una subvención anual de 340.000 euros del Estado español para celebrar diariamente una misa junto a la tumba del dictador y de cientos de víctimas ateas, mantener una escolanía, gestionar una hospedería, acoger campamentos de verano y alquilar salas para entidades ultracatólicas. Además, no tienen ni la obligación de pasar cuentas con Patrimonio Nacional, que es la entidad gestora del recinto.Todo por una ley franquista que se mantiene inalterable al paso de los años y los sucesivos gobiernos supuestamente postfranquistas.
Y aún más. Como guardas custodios de las más de treinta mil personas enterradas allí (en miles de casos del bando republicano tras ser exhumados de sus fosas comunes de diferentes cementerios públicos), los monjes benedictinos, a través de su abad, no quieren saber nada de las peticiones de los familiares que queremos exhumar de allí los cuerpos de nuestros antepasados para trasladarlos a los cementerios de las poblaciones de origen y además las dificultan tanto como pueden con unos intereses que nada tienen que ver con la caridad cristiana.
Ante todo ello, me pregunto: cuando llegará el día que la clase política actual decidirá derogar la ley franquista que les da tantos poderes y privilegios. ¿Qué piensa, el abad de Montserrat, también benedictino, de todo esto?
Capellades, en Avui
