La realidad insoslayable es que el PSIS de Salesianos no partía de un folio en blanco. Sobre la mesa nos encontramos con una herencia blindada de gobiernos anteriores que, aprovechando la necesidad de modernizar un histórico centro de FP, impulsaron un plan urbanístico de aprovechamiento intensivo y que suprimía la reserva legal de VPO. Es evidente que hoy la operación no hubiera tenido cabida.
¿El expediente se podía echar atrás o haberse paralizado? Sí, claro. Pero los poderes públicos están obligados a responder sobre las consecuencias que hubiera acarreado. Contravenir plazos, reducir unilateralmente los aprovechamientos, alterar de forma arbitraria el concurso arquitectónico o haber denegado la licencia municipal implicaba saltarse la ley. De eso eran conscientes los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Pamplona -que no hallaron mácula alguna y tuvieron que conceder la licencia-, de Nasuvinsa y del propio Gobierno.
Así pues, la modificación o paralización de este PSIS sin acuerdo con Salesianos era inviable, como nos lo advertían todos los informes jurídicos, externos y propios. (klik egin-ver más)
Miguel Laparra Navarro, vicepresidente de Derechos Sociales del Gobierno de Navarra