Publiqué esta columna el pasado 10 de febrero y el 14 de abril. Y creo que hoy vuelve a tener sentido recuperarla tras hacerse pública la sentencia de la Audiencia de Teruel que revoca la condena a 30 meses de cárcel a Francis Franco tras atropellar, huir y encañonar a dos a agentes de la Guardia Civil. (Las andanzas, broncas, cacerías y francachelas que protagoniza habitualmente el nieto mayor del genocida Franco me importan absolutamente nada, pero en este caso me resulta inevitable establecer una comparación. Francisco Franco, se llama como el dictador, ha sido condenado a 30 meses de prisión por delitos de atentado a la autoridad, daños y conducción temeraria. Y hoy sigue en libertad. Al tipo le dio el alto una patrulla de la Guardia Civil cuando conducía un todoterreno de madrugada sin luces y en sentido contrario, se dio a la fuga a gran velocidad, sin respetar las señales de tráfico y con riesgo para la seguridad vial. Tras un persecución de 30 kilómetros lo pudieron detener de nuevo, el copiloto encañonó a los agentes con una escopeta, mientras el nietísimo embestía con su vehículo contra el coche policial, causando heridas a uno de los agentes de la Guardia Civil. Ni cuestiono la sentencia, que supongo justa y adecuada a los hechos denunciados. Pero estos hechos fueron juzgados en la Audiencia de Teruel por la justicia ordinaria y el juez natural. Ni fueron derivados a la Audiencia Nacional ni en momento alguno se consideraron un posible delito de terrorismo. Por una trifulca de madrugada en un bar y una posible agresión a un agente de la Guardia Civil, nueve jóvenes de Alsasua fueron trasladados detenidos a la Audiencia Nacional, (...) sobre ellos pesó una acusación de terrorismo con peticiones de cárcel que suman 375 años y se denigró hasta límites bochornosos con mentiras y manipulaciones la imagen y la realidad de la localidad).
No cuestiono el fallo exculpatorio ahora de la Audiencia de Teruel, que niega credibilidad suficiente como única prueba al testimonio de los agentes. Pero los jóvenes de Alsasua, por supuestos hechos de menor alcance y no probados en el juicio, siguen acumulando meses -tres de ellos van a cumplir ya dos años-, de prisión preventiva sin una sentencia firme. Merece la pena insistir en este caso de desigualdad de trato judicial.
Joseba Santamaría, en Diario de Noticias
