La desproporción entre lo que la versión oficial la única admitida, la de los agredidos asegura que sucedió y el castigo que los agresores siempre según la versión de los agredidos están recibiendo judicial y vitalmente es de un calibre que no sé calificar. Que existan leyes que permitan encajar semejante desproporción en las sentencias me lleva directamente a sentir asco, rabia y náuseas. Creo que he escrito decenas de veces que seguramente no comparto nada o casi nada con la supuesta ideología de los supuestos agresores, que condeno lo que supuestamente pasó, que si pasó así merece un castigo y que si pasó así lógicamente lo lamento por los agredidos, aunque vistas las flagrantes mentiras del teniente con respecto a la camisa rota del sargento impoluta en los vídeos a uno le entran serias dudas de que aquí nadie haya dicho media verdad. Pero no es el tema: el tema es que unas cuantas personas se están comiendo y se van a comer gracias a todo un aparato del Estado una condena indecente, vomitiva y que sitúa a la justicia del país que la emite en niveles de dictadura coreana. Pasarse 13 años en la cárcel o 10 o 8 o 3 por una agresión como de la que la versión oficial habla es la mayor atrocidad que puede cometer sobre la cabeza de un ciudadano precisamente quien debería estar puesto ahí para protegerte incluso del Estado. En paralelo, el silencio de millones de personas que saben que esto es aberrante no hace sino agudizar la enorme desazón que se siente, una desazón que no pienso comparar porque no es comparable pero que sí se sentía cuando otra clase de mafia organizada campaba por esta tierra eligiendo quién vivía y quién no y cómo. Esta vez campa el llamado Estado con toda su maquinaria política, judicial y mediática, enterrando la vida o buena parte de la vida de unas cuantas personas que están recibiendo un castigo inhumano, así de claro.
Jorge Nagore, en Diario de Noticias
