Desde 2017, año en el que comenzó la pesadilla del periodista y auxiliar de vuelo navarro, la Guardia Civil ha sostenido, al menos, cuatro versiones: del primer "apto" de noviembre de 2017 al "no apto" de diez días después, pasando por el informe de dos líneas en el que se le vincula con "entornos potencialmente peligrosos" y la respuesta del Gobierno de España, que en marzo de 2021 dijo que el informe negativo está motivado por la participación de Zamora en unas listas electorales de la izquierda abertzale en 2017. Un vaivén de versiones, todas ellas llenas de incongruencias cuando no ilegales –nunca un juez democrático admitirá una causa política como razón para denegar un permiso de trabajo–, que hacen pensar lo peor: que la causa contra Zamora no tiene una verdadera justificación laboral, sino que responde a una venganza instigada desde alguna esfera de poder. (klik egin-ver más)
A. Irisarri, en Diario de Noticias