El Gobierno alemán anunció ayer la prohibición de cultivar el maíz Mon 810, modificado genéticamente por la multinacional Monsanto, por sus efectos adversos sobre el medio ambiente. El 75% de lo que se utiliza este producto en la UE tiene su origen en la Península. El Gobierno español mantiene su su apoyo a los transgénicos y pide que la Comisión Europea ponga orden ante la ola de prohibiciones (Francia, Grecia, Austria, Hungría, Luxemburgo y ahora Alemania).
Alemania activa la cláusula de salvaguardia prevista en la directiva sobre transgénicos. Esta fija que si un país dispone de nueva información de que un transgénico constituye un riesgo para la salud humana o el medio ambiente podrá restringir o prohibir provisionalmente el uso o la venta en su territorio. "No es una decisión política, sino científica" declaró la ministra de Agricultura, Ike Aigner.
El goteo de prohibiciones deja en una situación difícil a España. Mientras la multinacional Monsanto recibió la noticia con desconcierto, alegando que no existen evidencias científicas de tales efectos nocivos, y el secretario de Estado del Medio Rural, Josep Puxen pidió a la Comisión Europea que defina una postura única para dar seguridad a los productores, los ecologistas se mostraron encantados. "Nos parece una noticia maravillosa. España se queda sola, y esperamos que cambie de postura", afirmó Juan Felipe Carrasco, de Greenpeace.
El País