Han pasado ya más de cuatro años desde que en diciembre de 2005 el Tribunal Superior de Justicia de Navarra anulase el reparto de licencias de FM del año 1998, obligando al Gobierno a volver atrás y a readjudicar las concesiones, y una nueva sentencia del mismo tribunal ha dejado en evidencia el incumplimiento del anterior requerimiento por parte del Gobierno de UPN. Este nuevo auto pone al descubierto, aún más si cabe, el carácter discrecional, ideológicamente sectario y contrario a la libre concurrencia democrática de toda la actuación que han mantenido los diversos consejeros y gobiernos de UPN implicados en una chapuza política dirigida únicamente a excluir a la emisora en euskera de la Comarca de Pamplona Euskalerria Irratia de una adjudicación que había ganado objetivamente en el concurso. Desde 1998, tres gobiernos de UPN, consejeros y altos cargos regionalistas -en todos los casos, con Miguel Sanz como presidente- han enturbiado su nombre y su gestión tan sólo por intentar encubrir lo que ya en 1999 una comisión de investigación del Parlamento de Navarra describió de la siguiente forma: "La decisión final, dictada por el capricho y el prejuicio, es arbitraria al dar lugar a actos contrarios a la razón y la Ley". De aquel análisis se derivó la reprobación de José Ignacio Palacios, máximo responsable político de la resolución del concurso entonces y ahora integrado en las filas del nuevo PP de Navarra. Quizá sea el momento de que Palacios haga realidad una insinuación suya apuntando la posibilidad de que algún día dijera la verdad sobre el despropósito que fue aquel proceso de adjudicación de licencias de FM de 1998.
(klik egin-ver más) Joseba Santamaría, en el editorial del Diario de Noticias
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