Han tenido que pasar varios años tras la liquidación de un diario, crueles torturas físicas y psíquicas, miles y miles de kilómetros en repetidos viajes entre Euskal Herria y Madrid de los imputados, y un largo rosario de despropósitos jurídicos para que finalmente veamos en la prensa estatal algunas muestras de consciencia y responsabilidad democrática, como la que exponía ayer en Público Isaac Rosa:El juicio contra los directivos del diario vasco Egunkaria nunca tendría que haberse celebrado. Siete años después de su cierre por orden judicial, el caso ha ido deshaciéndose hasta quedar en nada, llevando al fiscal a pedir su archivo por lo inconsistente de las pruebas –es el primer proceso por terrorismo donde se retira la fiscalía-, y a que todos los partidos vascos, salvo el PP, rechacen el juicio.
Pero la prolongación del proceso, que en estos días concluye, ha servido para algo: para sacar a la luz uno de los mayores escándalos de la democracia. Quienes se empeñaron en seguir adelante con un caso sin pies ni cabeza –que ya sólo aguanta por la acusación popular de dos asociaciones- han visto cómo se volvía en su contra: la publicidad del juicio, la oportunidad de declarar de los acusados, deja a muchos con el culo al aire. A los guardias civiles que lanzaron la operación, al juez Juan del Olmo que tomó el caso, al gobierno del PP que se jactó de luchar sin complejos contra el terrorismo. Y a quienes desde periódicos y micrófonos actuaron como brazo mediático mamporrero, criminalizando por adelantado a los acusados.
Hace unos días conocí a Martxelo Otamendi, ex director de Egunkaria. Quien haya tenido oportunidad, en entrevistas o en los actos de apoyo de los últimos meses, de oírle contar su detención y el trato brutal que sufrió mientras estaba incomunicado, compartirá la indignación.
Porque a estas alturas ya no basta la absolución. La condena que ya han cumplido -cierre del periódico, detención, cárcel, pérdidas económicas, fianzas, coste del proceso, estigmatización social y mediática- exige una reparación. Que se haga justicia.
Pero la prolongación del proceso, que en estos días concluye, ha servido para algo: para sacar a la luz uno de los mayores escándalos de la democracia. Quienes se empeñaron en seguir adelante con un caso sin pies ni cabeza –que ya sólo aguanta por la acusación popular de dos asociaciones- han visto cómo se volvía en su contra: la publicidad del juicio, la oportunidad de declarar de los acusados, deja a muchos con el culo al aire. A los guardias civiles que lanzaron la operación, al juez Juan del Olmo que tomó el caso, al gobierno del PP que se jactó de luchar sin complejos contra el terrorismo. Y a quienes desde periódicos y micrófonos actuaron como brazo mediático mamporrero, criminalizando por adelantado a los acusados.
Hace unos días conocí a Martxelo Otamendi, ex director de Egunkaria. Quien haya tenido oportunidad, en entrevistas o en los actos de apoyo de los últimos meses, de oírle contar su detención y el trato brutal que sufrió mientras estaba incomunicado, compartirá la indignación.
Porque a estas alturas ya no basta la absolución. La condena que ya han cumplido -cierre del periódico, detención, cárcel, pérdidas económicas, fianzas, coste del proceso, estigmatización social y mediática- exige una reparación. Que se haga justicia.
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