El alcalde de Murillo el Fruto, Javier Gárriz Gabari (UPN), va a enfrentarse a una solicitud de inhabilitación para ejercer un cargo público de siete años, en el caso de la fiscalía, y de ocho años y medio, por parte de la acusación particular que ejercen los tres ediles de la oposición (Agrupación Independiente de Murillo), que entiende que el delito de prevaricar se ha ejecutado de manera continuada. La prevaricación sólo puede ser cometida por un funcionario público que dicta una resolución injusta, como al parecer ocurrió en este caso, en el que la fiscalía recalca que Gárriz concedió irregularmente varias ayudas económicas a vecinos de la localidad. (klik egin-ver más)
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