POLÍTICA DEPORTIVA

más allá de la evidencia de que las administraciones están obligadas a promover el ejercicio para favorecer los hábitos saludables de la población, la retirada del patrocinio a Osasuna ha devuelto a la actualidad la controvertida relación entre los poderes públicos y el deporte de alto rendimiento. Siempre desde el legítimo cuestionamiento de por qué la ciudadanía en su conjunto debe financiar a los equipos de élite y a sus excelsamente remunerados miembros, más en época de cruda recesión. Resultando las subvenciones uno de los elementos más controvertidos de la democracia -porque las partidas que a unos les parecen nimias a otros se les antojan alarmantes-, tan cierto es que esos clubes solo tienen razón de ser si pueden sostenerse por sí mismos como que parece razonable que gocen de un cierto respaldo institucional en atención a su interés social, al fomento de la cantera o al valor añadido para la imagen del territorio al que representan. La cuestión radica en la graduación de esa ayuda y en cómo se pondera en cada uno de los deportes y niveles, vinculándola además al cumplimiento de las obligaciones legales y por ende tributarias. Esa tarea, también por respeto a tanto abnegado directivo, es una de las que más propiamente da sentido a una dirección gubernamental de política deportiva, que debiera primar las inversiones estructurales sobre las de coyuntura -como eventos puntuales-, descartando todo proyecto sobredimensionado. No deja de chocar que quienes ven injustificables los 1,4 millones de Osasuna sigan contemplativos ante los ruinosos circuito de Los Arcos o Navarra Arena.

Víctor Goñi, en Diario de Noticias