Ha tenido que venir
un tribunal europeo para recordar lo que los estudiantes de Derecho aprenden en
el primer curso: que la aplicación retroactiva de una nueva jurisprudencia
para imponer un criterio perjudicial va contra el principio de legalidad. Estrasburgo
ha dejado al descubierto algo más que la chapuza de la “ingeniería jurídica”
instaurada por el Supremo: el quebranto, impulsado por Aznar y mantenido por
sus sucesores, del principio de la división de poderes.
El despliegue
mediático de los voceros del PP, realimentado por UPN y UPyD, extiende la alarma social con la amenaza de la puesta en libertad de violadores
reincidentes y asesinos en serie, cuando todos sabemos que por dichos
delincuentes la doctrina Parot nunca se hubiese puesto en marcha, que se trata
de un subterfugio ad hoc para un determinado perfil de presos. Porque no se
trata sólo de la quiebra del principio de resocialización, inherente a todo
estado democrático y amparado por la misma Constitución española. Esa filosofía
punitiva cavernícola basada en el “ojo por ojo” es selectiva, no les vale para todos los casos. Se escandalizan porque vaya a salir de la cárcel Inés del Río tras pasar 26 años los mismos que pusieron en la
calle tras unos meses a los condenados del GAL una vez extraído el rédito
electoral que obtuvieron de la investigación de la trama. Tras su revanchismo hay odio
ideológico. Y desazón por las nuevas oportunidades políticas que abrirá el escenario post-ETA.
Praxku