La decisión del Gobierno de Rajoy en funciones de interponer un nuevo recurso ante el Tribunal Constitucional contra otra ley navarra -en este caso, contra la Ley Foral que asume el reconocimiento de todas las víctimas de las violencias que han asolado esta tierra más allá del terrorismo de ETA-, es un nuevo varapalo centralista a la capacidad legislativa propia de Navarra. Y con esta van ya 17 leyes forales recurridas y, en una buena parte, anuladas o vaciadas de su contenido político o social por las posteriores sentencias del Constitucional. Esta normativa, impulsada por I-E y aprobada por la mayoría del Parlamento de Navarra antes de las elecciones de mayo de 2015, únicamente pretende reconocer una injusticia política e institucional en el trato de las personas y familias que han sufrido el terrorismo derechista, la guerra sucia del Estado, la persecución, las torturas y los malos tratos. Esto es, asumir el reconocimiento, la memoria, la dignidad y la compensación a aquellas víctimas navarras de otras violencias que han quedado sistemáticamente olvidadas y excluidas hasta ahora de esos derechos. De nuevo, la comunión de intereses políticos e ideológicos entre UPN y PP está suponiendo un alto coste político para el autogobierno de Navarra. UPN y PP han optado por recurrir sistemáticamente ante los altos tribunales españoles, afines y sumisos políticamente al Gobierno del PP, aquellas leyes navarras que no les gustan. (klik egin-ver más)
Editorial del Diario de Noticias
No hay comentarios:
Publicar un comentario