El alcalde de Iruñea, Joseba Asiron, anunció ayer que el Ayuntamiento va a proceder a la exhumación de los restos mortales enterrados en la cripta del Monumento a los Caídos para posteriormente proceder a la clausura de dicho cementerio. Entre los enterrados están los generales Mola y Sanjurjo, dos de los principales protagonistas del golpe militar del 36 contra la legalidad republicana.
Una sencilla decisión que cumple con la legalidad al dar los pasos necesarios para satisfacer las obligaciones que impone la ley Foral 33/2013 de reconocimiento a las víctimas del franquismo. La resolución municipal evidencia, asimismo, que ambos generales han pasado enterrados en un lugar de honor más años tras la muerte de Franco, 44, que antes, 14; una prueba más de que la modélica transición española se construyó sobre los mimbres del olvido. Conviene recordar en este punto las maniobras que protagonizó Yolanda Barcina cuando era alcaldesa para no cambiar el nombre de la plaza (Conde de Rodezno, actualmente de la Libertad) en la que se encuentra el monumento; o los casi tres años que han transcurrido desde que se aprobó la citada ley para que se empiecen a percibir cambios acordes con sus preceptos. Hechos que, en conjunto, evidencian una absoluta falta de voluntad política del régimen que gobernó Nafarroa hasta hace un año para hacer justicia con las víctimas de la represión del cruento golpe militar, que es, con todo, lo más importante de la resolución del actual Gobierno de Iruñea.
Reseñable es el papel desempeñado por la jerarquía católica en el devenir de este monumento –construido en terreno municipal, financiado por la Diputación fue nuevamente cedido a las instituciones públicas para su mantenimiento en el año 98 reservándose la iglesia católica su uso y disfrute a perpetuidad–, que no ha cuestionado en ningún momento su idoneidad y ha permitido ceremonias religiosas que menospreciaban a las víctimas.
Editorial de GARA
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