No merece llamarse Estado de Derecho el que consiente violaciones reiteradas y masivas de su propio ordenamiento jurídico. Y hay dos casos especialmente sangrantes en España por la magnitud del escándalo y la actitud cómplice del Gobierno al respecto: las cláusulas suelo de los préstamos hipotecarios y las inmatriculaciones de la jerarquía católica. Es vergonzante que, tras recorrer todas las instancias internas (salvo honrosas excepciones), hayan tenido que ser tribunales europeos quienes declaren la evidente nulidad de ambas. Lo que es nulo, no existe. Y lo que no existe, no produce efectos. De ahí que corresponda de manera ineludible a los poderes públicos restituir la legalidad conculcada y devolver la situación a su origen, sin necesidad de someter a la ciudadanía o administraciones afectadas a la gravosa carga de emprender nuevos procesos judiciales. (klik egin-ver más)
Antonio Manuel Rodríguez, profesor de Derecho Civil y Portavoz de RECUPERANDO (Coordinadora Estatal para la recuperación de los bienes inmatriculados por la Iglesia Católica)
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