OTRA DESASTROSA ACTUACIÓN DEL SUPREMO

Además de la cuestión de fondo en el caso sobre si correspondía a los bancos o los clientes el pago del impuesto de actos jurídicos documentados en las hipotecas, la gestión de las formas en el Tribunal Supremo ha sido de nuevo desastrosa. En apenas 20 días, el pleno de la sala de lo Contencioso del Supremo rectifica la sentencia del 16 de octubre que dictaba que esa carga fiscal correspondía a los bancos. Y lo hace en una dividida votación de 15 a 13 y tras la polémica intromisión del propio presidente del alto tribunal Carlos Lesmes. Un paso más que ahonda en la creciente imagen de desprestigio de la justicia española, tanto por la falta de recursos materiales y humanos en sus niveles ordinarios -jueces y fiscales han convocado una nueva huelga el día 19-, como por la cada vez más evidente sumisión de los máximos órganos judiciales a los intereses políticos. En cuanto al fondo, ha sido también la mala gestión del propio Supremo el que ha asentado la convicción en la sociedad, sea o no cierta, de que tanto la decisión de revisar la sentencia que daba la razón a los clientes como la anulación de la misma ahora han respondido solo a las presiones y amenazas del sector financiero, lo que pone de nuevo en duda su imparcialidad e independencia. De hecho, ese mismo martes Estrasburgo dio un nuevo varapalo a la justicia española al sentenciar que Otegi y otros cuatro miembros de la izquierda abertzale condenados en el caso Bateragune -entre ellos la navarra Miren Zabaleta- no habían tenido un juicio justo por la falta de imparcialidad del tribunal. Es cierto que tanto el Gobierno de Navarra como el Gobierno de Sánchez reaccionaron ante el malestar ciudadano anunciando sendas reformas legislativas para trasladar a la banca la obligación de abonar a partir de ahora el impuesto de los actos jurídicos de las hipotecas, pero no parece fácil que eso termine siendo una medida efectiva. Tanto porque deja la puerta abierta a nuevas reclamaciones judiciales de quienes siguen defendiendo que los bancos han cobrado durante años miles de millones de euros sin tener derecho a ello como porque es más que posible que esa carga fiscal que a partir de ahora puede caer en las entidades financieras acabe derivada sobre los solicitantes de nuevas hipotecas. En definitiva, otro despropósito judicial que ahonda en el desprestigio de la justicia y de un sector financiero ya marcado por el malestar de un rescate colectivo de decenas de miles de millones de euros que no han sido devueltos al bien común.

Editorial del Diario de Noticias