Desde que hace unos años las instituciones autonómicas catalanas emprendieron el camino del soberanismo en lo que se conoce como el Procés, los poderes centrales del Estado optaron por la respuesta judicial. En vez de abrir ningún tipo de negociación política se prefirió desde el principio que fuera el Tribunal Constitucional el que prohibiera no ya la realización de un referéndum consultivo sino incluso que en el Parlament se pudiera hablar, incluso sin efectos jurídicos, nada relacionado con la eventual autodeterminación de Cataluña. El cerrojazo judicial llevó a unas decisiones muy discutibles por parte de los líderes independentistas que hicieron que el Procés se fuera radicalizando hasta salirse definitivamente de la senda legal y constitucional. Ahora es el Tribunal Supremo el que ha venido a enjuiciar los hechos de hace dos años. No hay ninguna duda de que con la organización del referéndum inconstitucional del uno de octubre se cometió un delito de desobediencia. Lo reconocieron los propios encausados. Lo sorprendente ha sido que el Alto Tribunal va mucho más allá.
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Joaquín Urías, en ara.cat
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