En un comunicado, el sindicato ELA anunció su «rotunda» oposición al «reciente anuncio de los actuales rectores de Prisiones en el Estado que plantea la posibilidad de contratar a militares profesionales que estuviesen en los 10 últimos años de servicio, como fórmula para paliar la escasez de personal y el envejecimiento galopante del colectivo penitenciario».
Explicó que «el anuncio de contratar a personal sin la titulación mínima necesaria para ser trabajador de prisiones, sin la formación y experiencia necesarias para desempeñar una labor tan compleja y con un perfil absolutamente contrario al necesario para desempeñar las labores penitenciarias desde parámetros más humanos y democráticos, para cumplir con el objetivo final de la reinserción, es una decisión impropia de un Gobierno que se dice progresista y de izquierdas».
Por ello, ELA exigió «respeto» al colectivo de trabajadores de prisiones y reclamó «al nuevo Gobierno del Estado la inmediata transferencia de las prisiones» y que esta sea «plena y exclusiva».
Las secciones sindicales de ELA defienden «una administración de prisiones vasca, democrática y euskaldun, encuadrada en la Consejería de Justicia» de la CAV y Nafarroa. «Una administración de prisiones que debe ser escrupulosa en el respeto de todos los derechos de las personas encarceladas», ha añadido.
Reclamaron asimismo que se apueste por «un sistema penitenciario público y de calidad», en el que se evite «cualquier tipo de privatización y subcontratación», así como la adopción de «planes concretos y medidas efectivas para garantizar el derecho a vivir en euskera en las prisiones».
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