Los gobiernos de todas las regiones del mundo están criminalizando el activismo por los derechos humanos. Lo hacen persiguiendo a los organizadores de protestas, periodistas, activistas de Internet y líderes de las organizaciones de la sociedad civil en virtud de leyes que tipifican como delito el insulto a figuras públicas, la difusión de información que perjudica el “orden público”, la “seguridad nacional” y las “fake news”.
En la región del Golfo y en los países vecinos, los gobiernos opresores han armado aún más su arsenal legal al adoptar leyes contra la ciberdelincuencia que aplican estas restricciones, excesivamente amplias y mal definidas, a las comunicaciones en línea. (klik egin-ver más)
Laurel E. Fletcher, profesora en la Facultad de Derecho de la Universidad de Berkeley.
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