No habían transcurrido aún tres días desde la carga criminal de la Policía Nacional siguiendo las instrucciones ("no os importe matar") del comisario Rubio y del comandante Ávila, cuando la ola de ira e indignación desatada por el suceso de Sanfermines tropezó, en la mañana del 11 de julio de 1978, con un nuevo acto de represión homicida: Joseba Barandiaran, joven de Astigarraga de 19 años, cayó de un disparo en el corazón efectuado por un policía secreta en la cuesta donostiarra de Aldapeta.
Nadie ha sido juzgado por aquellas muertes violentas e innecesarias. La Comisión Investigadora creada por las peñas se estrelló contra la negativa judicial a investigar y procesar a algún responsable de estos asesinatos. También en el Congreso de los diputados se topó con la posición del Gobierno de la UCD. “Lo nuestro son errores y lo de los demás, crímenes”, declaró Martín Villa, ministro del Interior, el mismo titular de la matanza de Vitoria.
Cuarenta años después nada ha cambiado. Los esfuerzos de la juez argentina Servini chocan con los jueces españoles protectores de la impunidad franquista. Ni los crímenes del franquismo ni los de la transición han sido juzgados. Mantener la memoria viva para conocimiento de las posteriores generaciones es una cuestión de dignidad.
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