
La mayor parte de estos contratos cuentan con servicios vinculados, como los de mantenimiento, urgencias o protección de pagos, en ocasiones necesarios para conseguir los descuentos que ofrecen las compañías y que pueden suponer encarecimientos de más de 100 euros al año.
Al firmar, parte de los ciudadanos han salido de la tarifa regulada sin quererlo y han realizado un contrato en el mercado libre, sujeto a las condiciones plasmadas en el documento. En ocasiones, incluso, han salido del bono social, una tarifa más baja concebida específicamente para grupos especialmente vulnerables como pensionistas, familias en paro o familias numerosas, advierte.
Irache alerta de que las «las tretas» de algunos comerciales para conseguir que el consumidor firme un nuevo contrato son de los más variadas: algunos siempre afirman que son de la compañía del ciudadano –aunque no sea así–, otras veces dicen que es para cambiar el lugar de facturación, que el Gobierno obliga a cambiar la tarifa, que no le están aplicando los descuentos correctamente o que sólo se trata de verificar la factura para comprobar que todo va bien.
GARA