
Pese a que se interpusieron más de 100 impugnaciones por parte de aspirantes a cargos de elección popular, las autoridades del TSE afirmaron que éstas ya habían sido evacuadas y otras desestimadas por "carencia de peso jurídico".
La amplia mayoría de los países latinoamericanos rechazaron la contienda por la ilegitimidad de los comicios tutelados por los mismos autores de la asonada y sin la verificación de la comunidad internacional.
Mientras, el Frente Nacional contra el Golpe de Estado, que agrupa a organizaciones sindicales, indígenas, campesinas, a políticos progresistas y representantes de otros sectores, convocó a una protesta nacional el 27 de enero, día de la toma de posesión.