
El fondo jurídico está en la anulación por parte del TC de la ley navarra de víctimas de grupos de extrema derecha y funcionarios públicos 16/2015. El Constitucional falló contra esta norma en julio de este año con fuerte polémica interna. Cinco de los doce jueces que deliberaron emitieron votos discrepantes. Finalmente, la opinión mayoritaria fue que tenía como objetivo la «investigación» y «fijación» de hechos «al margen, por entero, del poder judicial». Por ello, anularon varios de los artículos fundamentales de la ley, mutilándola de tal modo que la hicieron inservible.
Aritz Intxusta, en GARA