
Hace unos días se quitó la vida en la cárcel del Puerto de Santa María un preso pamplonés integrante de ETA, condenado en 2011 a más de 20 años de cárcel por pertenencia a ETA, depósito de armas y tenencia de explosivos. Llevaba detenido desde 2008, con lo cual había pasado ya 10 años en prisión. Quien haya leído estas columnas desde 2005 conoce perfectamente mi desprecio al terrorismo de ETA y su entorno más directo, mi opinión acerca del cumplimiento de las penas impuestas cuando sean proporcionadas -hay presos comunes con asesinatos a sus espaldas que salen a la calle mucho antes que presos de ETA sin relación directa con ningún asesinato, como era el caso del pamplonés- y, en general, mi postura. Creo, no obstante, que tener a una persona encarcelada 10 años en primer grado, pasando más de 20 horas diarias en la celda, sin posibilidad de realizar actividades o estudios, es una aberración que sitúa a quien la ejecuta y permite en niveles de abyección que no distan mucho o nada de lo que supone un quebrantamiento permanente aunque legalizado de los derechos humanos. No vale argumentar eso de "menos derechos respetaban ellos y peor están los muertos y sus familias", porque de lo que se trata es de que la justicia supuestamente no es vengativa sino ajustada y que añadir medidas de excepción que incrementan la dureza de la pena no dice nada bueno de la sociedad que lo permite, más allá de que pueda satisfacer al tertuliano de bar que celebra estas cosas con el habitual "
que se jodan". Es más, lo que dice de esa sociedad es pésimo. Que, además, estuviese en una cárcel a más de 1.000 kilómetros de su familia y amigos no hace sino incrementar el castigo, especialmente a sus seres queridos. Insisto en que no hace falta compartir nada con nadie -ni viceversa, claro-, ni blanquear o desblanquear, ni nada por el estilo, no tiene que ver con eso. Es injusto, cruel y punto.
Jorge Nagore, en Diario de Noticias