
Los hijos son una responsabilidad, no una propiedad, y es el Estado el que está obligado a velar por su protección, para que sus derechos (los de la infancia y la adolescencia) se respeten. Este reparto de roles –obligaciones (Estado), responsabilidades (progenitores) y derechos (menores de edad)– no es invento de la ministra Celaá, tampoco del PSOE ni de Unidas Podemos. Es, ni más ni menos, fruto del ordenamiento jurídico sobre el que se basa todo nuestro sistema de protección a la infancia y adolescencia desde los años 80. Esto significa que cada progenitor es responsable (en forma prioritaria e igualitaria) de asegurar el desarrollo y bienestar de sus hijas e hijos, y de que estos disfruten plena y efectivamente del ejercicio de sus derechos. No son los derechos de los padres los que están en juego con el veto parental, sino los de los niños. Plantearlo de otra forma es tratar a estos como sujetos pasivos sin voz ni derechos, es usurparles la titularidad de su vida, tratarles como objetos. (klik egin-ver más)
Violeta Assiego, en eldiario.es