
Según la Comisión, este año
también está previsto que la Xunta autorice de nuevo el cierre al público del
pazo durante el mes de agosto, coincidiendo con las vacaciones de los Franco,
por lo que denuncia que “la Xunta está al servicio de los intereses de la
familia del dictador e incumple la Ley de Patrimonio Cultural de Galicia”. Consideran “el colmo que la Xunta, es decir, todos los ciudadanos gallegos,
tengamos que pagar por la seguridad de esa familia, que disfruta desde hace 74
años del pazo, que fue robado al pueblo por los fascistas".