
¿El expediente se podía echar atrás o haberse paralizado? Sí, claro. Pero los poderes públicos están obligados a responder sobre las consecuencias que hubiera acarreado. Contravenir plazos, reducir unilateralmente los aprovechamientos, alterar de forma arbitraria el concurso arquitectónico o haber denegado la licencia municipal implicaba saltarse la ley. De eso eran conscientes los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Pamplona -que no hallaron mácula alguna y tuvieron que conceder la licencia-, de Nasuvinsa y del propio Gobierno.
Así pues, la modificación o paralización de este PSIS sin acuerdo con Salesianos era inviable, como nos lo advertían todos los informes jurídicos, externos y propios. (klik egin-ver más)
Miguel Laparra Navarro, vicepresidente de Derechos Sociales del Gobierno de Navarra