Miles de personas, la mayor parte de movimientos sociales y una parte de ciudadanos, y a pesar de la burda manipulación de los ministros del aparato represivo, protagonizaron ayer, en las ciudades de La Paz y su vecina El Alto, una de las marchas masivas más grandes desde la instalación del gobierno de facto, en noviembre de 2019, en defensa de la democracia y la vida.
La concentración fue convocada por la histórica matriz de los trabajadores, la Central Obrera Boliviana (COB) y el Pacto de Unidad, que aglutina a las organizaciones indígenas campesinas, en rechazo a la determinación del Tribunal Supremo Electoral (TSE) que, presionado por el gobierno de facto y la ultraderecha del país sudamericano, decidió postergar las elecciones generales para el 18 de octubre, lo que implica la tercera vez que se aplaza las elecciones más importantes de este país en las últimas dos décadas.
El criterio unánime de las organizaciones sociales es que la triple crisis boliviana –política, sanitaria y económica- solo tendrá posibilidades de ser encarada por un gobierno legítimo que surja de las urnas, y que mientras más se demore la realización de elecciones, más le costará al país enfrentar los efectos de esta crisis que ya se traduce en una economía estancada, miles de despedidos en el sector público y privado, recortes de salarios, una radical baja en los niveles de consumo y un notorio crecimiento de la pobreza.
Una vez que Jeaninne Añez asumió la presidencia de Bolivia, tras una inédita e inconstitucional forma política, el llamado a elecciones, que tuvo que ser de inmediato, se demoró cerca de dos meses y recién se la fijó para el 3 de mayo, la que fue postergada con el argumento de la pandemia, cuya cantidad de casos era mínima ese momento, para el 2 de agosto y luego, con ese mismo recurso, trasladarla para el 6 de septiembre y ahora para el 18 de octubre.
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