
Los acusados, José Ignacio Irusta, Borja Illera y Javier López Monreal, fueron detenidos en octubre de 2009 y en los registros se les incautó munición de guerra, armas blancas, simbología nazi y utensilios empleados en sus múltiples acciones.
Javier López Monreal fue secretario de los ayuntamientos de Beire y Pitillas, además de asesor jurídico letrado del de Tafalla. En el momento de su detención ocupaba la secretaría del ayuntamiento de Juslapeña, y posteriormente obtuvo una plaza similar en Santacara. Numerosos vecinos de estas localidades han mostrado su preocupación por el uso que podría hacer de datos privados a los que a través de su cargo profesional tendría muy fácil acceso.