
El decreto redactado por Indalecio Prieto del 8 de diciembre se publicó al día
siguiente en el Boletín Oficial del Estado. En él se decía que asambleas
provinciales de ayuntamientos debían de decidir si se deseaba un Estatuto
Vasco-Navarro común o Estatutos para cada provincia. Si las asambleas
provinciales apostaban por el primero, las Gestoras redactarían un proyecto. Una
Asamblea general de Ayuntamientos podría rechazar, modificar o aprobar dicho
proyecto de Estatuto común. En caso de rechazo, la Asamblea podría proponer otro
distinto. De aprobarse en la Asamblea, haría falta un referéndum en el que
harían falta 2/3 partes del censo. Por último, se requeriría la aprobación del
Parlamento. (klik egin-ver más)
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