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La actuación consiste en comprobar si los ocupantes son efectivamente los adjudicatarios del alquiler protegido, más económico porque está fijado por el Gobierno de Navarra. En las inspecciones también se cotejan datos de consumo de agua, luz, etc..., que se pueden combinar con visitas presenciales. Los controles se centran en viviendas adjudicadas en los últimos tres años. En 2014, en toda Navarra, se sancionaron a 14 personas por no vivir de forma permanente en la vivienda adjudicada con protección.
El Olitense
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