Me cuesta entender la ineficacia policial y la dejadez judicial en el caso del acoso permanente al vicepresidente Pablo Iglesias, la ministra Irene Montero y sus hijos ante su domicilio familiar. Incluso ese acoso se trasladó a sus vacaciones en Asturias y se vieron obligados a interrumpirlas y regresar a Madrid. La Fiscalía, tan efectiva cuando se ha tratado de perseguir y judicializar a cantantes, tuiteros, poetas, titiriteros y otras disidencias críticas con las elites políticas, financieras, empresariales o religiosas, lleva meses mirando hacia otro lado incomprensiblemente. Ni está ni se le espera. Como al locuaz ministro de Interior, Grande-Malaska, compañero de ambos en el Consejo de Ministros, y ahora callado y escaqueándose de su responsabilidad política. En cualquier otra democracia avanzada de la UE esto sería inaceptable. Creo que el derecho a la protesta es un derecho democrático más. Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a expresar públicamente su estado de malestar con la gestión de los responsables políticos. Pero como cualquier otro derecho civil o político, sus únicos límites son el respeto a otros derechos individuales y colectivos. El escrache que se movilizó hace unos años sobre dirigentes del PP para presionar en el cambio de la legislación sobre desahucios podía gustar gustar mucho, poco o nada, pero si no vulneraba derecho alguno de esas personas, no era ilegal. A mí no me gusta tampoco el escrache. El recuerdo a otras imágenes de acoso a políticos en este país, de la constante violencia de persecución que padecieron periodistas, empresarios, intelectuales, concejales y alcaldes... por su rechazo a la violencia de ETA aún pesa en la memoria. Por eso me deja aún más perplejo la condescendencia de la ministra Margarita Robles con un discurso justificativo con la boca pequeña, pero justificativo de este acoso. De hecho, lo que están padeciendo Iglesias y Montero y sus hijos por parte de grupos organizados –y posiblemente pagados–, de extrema derecha es precisamente eso, violencia de acoso y persecución y ejemplo de odio político, no un escrache más. Criticar y presionar a los políticos es legítimo –también, claro, a Iglesias y a Montero y a Podemos o a Sánchez y al PSOE–, pero en este caso se ha superado de largo lo democráticamente admisible y lo legalmente permisible. Y se ha hecho con el apoyo de grupos extremistas de derechas y de medios que alimentan la información basura y las fake news abonando día a día esa deriva y blanquendo a sus principales protagonistas –tipos patibularios de la peor estofa– para intentar derribar al Gobierno e incentivar la crisis política e institucional de forma permanente. Movimientos políticos y mediáticos que ven en esa estrategia otra oportunidad para intentar implantar la inestabilidad social como vía hacia otro sistema que se parece más a una involución al pasado antidemocrático que a cualquier futuro.
Joseba Santamaría, en Diario de Noticias
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