sábado, 1 de agosto de 2020

LOS CONDENADOS DEL CASO BATERAGUNE RECLAMARÁN UNA INDEMNIZACIÓN AL ESTADO

     El Tribunal Supremo anuló ayer la sentencia del caso Bateragune después de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) condenase a España por la parcialidad de una jueza.
     El coordinador de EH Bildu, Arnaldo Otegi, el exdirigente sindical Rafa Díez, Miren Zabaleta, Sonia Jacinto y el secretario general de Sortu, Arkaitz Rodríguez, cumplieron penas de seis y seis años medio de prisión, ademas de ser inhabilitados para cargo público.
     El abogado de los cinco, Iñigo Iruin, ha anunciado este sábado en San Sebastián que presentarán una reclamación de indemnización al Estado por "error judicial". El abogado ha señalado que la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que en el caso del "error judicial" no es necesario otra sentencia que reconozca ese error porque el fallo de ayer del Supremo ya lo hace de forma "tácita", por lo que reclamarán la "responsabilidad patrimonial del Estado" y la indemnización correspondiente, para lo que tienen un plazo de un año.
     Iruin ha explicado que las sentencias del Tribunal de Estrasburgo son "jurídicamente obligatorias" para los Estados pero "no ejecutivas", por lo que son los tribunales nacionales los que deben establecer cómo se aplican.
     El fallo del TEDH consideró que hubo una vulneración de los derechos de Otegi al ser juzgado por un tribunal "no imparcial" y ahora el Supremo ha declarado la "nulidad total" del proceso en la Audiencia Nacional y el propio TS, lo que incluye a los otros cuatro condenados. "No debieron ser condenados en ningún caso", ha sostenido.
    Arnaldo Otegi ha considerado "curioso" que el fallo del Supremo se produzca "quince días después" de haberse celebrado las elecciones vascas, en las que no pudo ser candidato. "Seguramente han tenido que alargar las deliberaciones para escribir un folio" de sentencia que aplicara el fallo de hace dos años del Tribunal de Estrasburgo, ha ironizado.
   El dirigente abertzale ha opinado que este caso fue una "operación de Estado, urdida por los aparatos del Estado con un gobierno del PSOE", que buscaba "impedir que la izquierda abertzale cambiara de estrategia" abandonando la lucha armada, "dividir" a la izquierda abertzale encarcelando a los que consideraban sus "activos más importantes" y "destruir el proyecto de la izquierda independentista".
Agencias

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