Representantes de ELA, USO y LAB dice que no pueden ni van "a aceptar una cacicada de este calibre contra las condiciones laborales de esta plantilla". El motivo es que la empresa se niega a aplicar la revisión salarial sobre IPC + 0,5% con carácter retroactivo a 1 de enero de 2021. La cifra pendiente supone un 5,2% del salario anual, la diferencia entre lo aplicado inicialmente 1,8% y el incremento definitivo 7% (6,5% + 0,5%)".
"A día de hoy esa cantidad negada supone más de 1.000€ brutos a cualquier trabajador o trabajadora de la planta, más el efecto acumulativo que tiene para los salarios de los años posteriores, más la devaluación que supone frente al encarecimiento actual de todo tipo de productos en caso de no aplicarse dicho incremento", añaden.
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