
A la vista de ese resultado, sospechan que en los años anteriores a 1998 las cifras pueden ser aún mayores. La Plataforma recuerda que entre los 1.086 bienes inmatriculados desde 1998 hay lugares de culto, como San Pedro y Santa María de Olite, pero también 42 viviendas y casas, 26 locales, almacenes y garajes, dos atrios, ocho cementerios, 107 fincas y solares, 38 pastos, prados y helechales, doce viñas, pinares, olivares y arbolados, y un frontón.
La Ley Hipotecaria de 1946, en pleno franquismo, daba a la Iglesia la potestad de inscribir bienes mediante la propia certificación del Diocesano. En 1998 se amplió esta potestad, haciéndola extensiva a los lugares de culto. "Establecida en la Constitución de 1978 la separación Iglesia-Estado, es más que cuestionable otorgar al Diocesano funciones de Estado, convirtiéndose en fedatario público para inscribir a su nombre bienes de utilidad pública", argumentan.
No hay comentarios:
Publicar un comentario