
Según la denuncia, el alcalde no dio ninguna explicación satisfactoria a la instalación de las cámaras, por lo que Paz Azkona requirió información de la Agencia de Protección de Datos, Ministerio de Administraciones Públicas y Ministerio del Interior, donde le informaron de que la autorización para instalar sistemas de videovigilancia debe ser tramitada y concedida por la Delegación del Gobierno. En este organismo le informaron de que "no existe ninguna autorización concedida, ni siquiera en tramitación, para la grabación y archivo de imágenes en el ayuntamiento de Pitillas".Con estos datos, ADP considera "ilegal" la instalación y ha presentado otra denuncia penal en la Guardia Civil de Olite en la que demanda la incautación de las imágenes grabadas y el precintado de las cámaras. No obstante, según Paz Azkona, la Guardia Civil no se ha personado en el ayuntamiento.
Diario de Noticias
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