Tal como está diseñado dicho proyecto de reforma
de ley, y, a pesar de los titulares y mensajes que de manera casi publicitaria
nos envían desde el gobierno, la reforma supone un retroceso efectivo de
treinta años en la normativa de conservación de las costas españolas.
La repercusión que va a resultar más contundente,
a efectos prácticos, es la prórroga de 75 años adicionales de la que van a
gozar las construcciones que se hayan realizado en dominio público. Todas
esas propiedades que tenían que demolerse como muy tarde en 2018 según la
anterior ley, no sólo van a mantenerse en pie sino que además podrán venderse,
reformarse e incluso heredarse. Los chiringuitos desmontables dispondrán de
licencias y permisos de cuatro años de duración (ahora son anuales) y podrán
ampliar su superficie. (klik egin-ver más)
Antonio Aguilera (en P36 Andalucía)
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