
"La nulidad del despido afecta a 26 personas directamente, aunque colateralmente afecta a casi medio centenar" señalaba el sindicato. El ERE supuso la extinción de los contratos de la fábrica navarra y CCOO ya denunció entonces que se trataba de un caso de deslocalización a Álava. Las trabajadoras de la empresa realizaron diferentes concentraciones a lo largo del verano para rechazar el cierre y exigieron implicación al Gobierno de Navarra, que había apoyado a esta empresa con ayudas de hasta 600.000 euros.
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