EL CANAL NO SE PARA, PERO ARRASTRA SOMBRAS

La ampliación de la primera fase del Canal de Navarra es ya otro de los episodios oscuros del anterior Gobierno de UPN que van a lastrar las cuentas públicas de Navarra, más aún cuando por una decisión injustificada e incomprensible de aquel Gobierno, se comprometió a pagar el 100% de los 22 millones de coste de los ramales de este tramo cuando, según el acuerdo original para financiar la construcción del Canal de Navarra, sólo estaba obligaba a abonar el 40% del 50% que le correspondía junto al Estado -sólo 4 millones-, que asumía el 60% restante, y los regantes el otro 50%. La consejera Isabel Elizalde dejó claro que el proceso de ampliación de las hectáreas de regadío en Peralta o Funes no se va a paralizar, pero también denunció que la planificación y la adjudicación de estos ramales del Canal de Navarra se hizo de forma apresurada, con importantes deficiencias técnicas y con una baja temeraria del 39,9% y todo ello ha derivado en importantes problemas de seguridad jurídica y tiempo, que se han ido agravando por las malas previsiones iniciales, una mala ejecución de la obra y ahora los problemas financieros que atraviesa la principal adjudicataria de la concesión OHL. “El Canal no se paraliza”, afirmó Elizalde, pero dejó claro también que todos los pasos para gestionar el contrato de adjudicación se van a llevar a cabo en defensa de los intereses de los regantes y contribuyentes. De hecho, desde el comienzo la puesta en marcha de esta fase de ampliación del Canal de Navarra ha estado bajo la sombra de la duda, cuando el Gobierno de UPN decidió paralizar la extensión de la segunda fase del Canal a la Ribera -que mañana se comenzará a licitar-, alegando problemas de financiación, pero no dudó al mismo tiempo priorizar y en poner en marcha esta ampliación de la primera fase en un oscuro proceso de adjudicación -se suspendió la apertura de plicas con las ofertas-, que acabó beneficiando al consorcio OHL-Aguas de Barcelona vinculado a personajes próximos a UPN, entre ellos su actual gerente Francisco Iribarren, exconsejero de Economía y Hacienda en los gobiernos de Sanz. Quizá debiera explicar Esparza, entonces consejero de Agricultura y Medio Ambiente, tanto la paralización del Canal a la Ribera como esta priorización de la ampliación de la primera fase con una adjudicación en peaje en sombra con un alto sobrecoste para las arcas forales, como denunció la Cámara de Comptos, que alcanzará únicamente en este tramo los 400 millones en 30 años por una obra adjudicada en sólo 73 millones.

Editorial del Diario de Noticias