El informe sobre la tortura en Nafarroa seguirá al ralentí. Ayer, el forense Paco Etxeberria lo dejó claro: «Los tribunales pueden quitar las ayudas, pero no pueden evitar que la investigación se haga». Una llamada de este periódico fue la que puso a Etxeberria sobre aviso de la última decisión del TSJN que anulaba la Orden Foral a través de la que la UPV accedió a una subvención de 17.900 euros para hacer este trabajo. Etxeberria explica que este dinero no se ha gastado, pues sabían que la ayuda estaba pendiente de un recurso interpuesto por parte de la Abogacía del Estado.
El fondo jurídico está en la anulación por parte del TC de la ley navarra de víctimas de grupos de extrema derecha y funcionarios públicos 16/2015. El Constitucional falló contra esta norma en julio de este año con fuerte polémica interna. Cinco de los doce jueces que deliberaron emitieron votos discrepantes. Finalmente, la opinión mayoritaria fue que tenía como objetivo la «investigación» y «fijación» de hechos «al margen, por entero, del poder judicial». Por ello, anularon varios de los artículos fundamentales de la ley, mutilándola de tal modo que la hicieron inservible.
Aritz Intxusta, en GARA
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