Hay que reconocer que la Fiscalía del Estado ha hecho lo que ha podido para afinar hasta el ridículo la tipificación penal del cúmulo de irregularidades que persiguen a Juan Carlos de Borbón y salvarle el culo evitando que tenga que posarlo en el banquillo de los acusados. Una operación política y judicial vergonzante y bochornosa. Nada que no se supiera que iba a ocurrir tal y como ha sucedido. Una vez más, el Estado ha antepuesto la salvaguarda de una estructura de poder, en este caso la Monarquía, a costa de vapulear la credibilidad de una justicia democrática. Lo que no ha podido afinar ya es la realidad de esas irregularidades, ocultamiento de millones de euros en paraísos fiscales, escaqueo de sus obligaciones fiscales y el cobro de comisiones ilegales. La Fiscalía admite los delitos, pero alega que o bien están prescritos o que no pueden ser juzgados porque el anterior Jefe del Estado está protegido por la inviolabilidad, el concepto jurídico que le ha servido de parapeto durante casi cuatro décadas. Otra excepción más que sitúa al Estado español muy lejos de los niveles de responsabilidad política y ética mínimos de las democracias avanzadas. (klik egin-ver más)
Joseba Santamaría, en Diario de Noticias
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