Equivocados estábamos si tras asistir a la increíble deriva judicial del incidente de Altsasu, creíamos cubierto para una temporada el cupo de los despropósitos. Lo malo es que la sorpresa de ayer, proporcionada por la mutilación de una exposición que invita a reflexionar sobre diferentes situaciones de reclusión, no proviene de lo más oscuro de la judicatura, ni es achacable a la óptica uniformizadora con la que se mira cuanto acontece por aquí desde los poderes del estado. El estupor nos lo origina esta vez la dirección de Donostia 2016, en la que participan el ayuntamiento, la diputación y el Gobierno Vasco junto con el Ministerio de Cultura español. El director de la capitalidad, Pablo Berástegui, ha asumido el protagonismo de la censura, pero el acelerado respaldo que ha encontrado en las instancias políticas más próximas, indica bien a las claras que ha actuado por encargo.
El diputado de Cultura Denis Itxaso, tras reconocer que las obras retiradas no contienen ningún elemento hiriente, alega que su autoría “podría herir a las víctimas del terrorismo”. Markel Olano, presidente de la Diputación, ha declarado por su parte que “la libertad de expresión no se puede llevar hasta el límite”.
Resulta desesperante comprobar que a estas alturas sigue habiendo también aquí, incluso dentro de espacios políticos a los que se supone un discurso equilibrado, gentes a las que hay que explicar que también los presos, y por supuesto los expresos, son titulares de derechos. Y entre ellos, el de relatar sus experiencias y las situaciones de mal trato a las que ellos y sus familiares han podido ser sometidos. Eso puede no gustar a las víctimas, quienes son libres de albergar todo tipo de sentimientos. Pero de ninguna manera implica que haya que satisfacerles mediante vulneraciones revanchistas de derechos inalienables.
Sabemos además que víctimas hay muchas y por muy diversas causas. Y que incluso si nos referimos exclusivamente a las víctimas de ETA, las hay algunas que han dado en más de una ocasión ejemplo de mesura. Mientras que otras, las que más ruido meten y más influyen en las estructuras de poder, están entregadas a una ideologización extrema. No resulta trivial recordar que los hechos de Altsasu comenzaron de verdad a agravarse el día en que aparecieron por allí Consuelo Ordóñez y otros miembros de Covite para plantarse ante una concentración en protesta por la imparable manipulación mediática que envolvía al caso. Las rotativas y los informativos mostraban una pancarta que portaban en la que se decía “no al odio” mientras que ocultaban otra que dirigiéndose a los altsasuarras concentrados expresaba “sin pistolas no sois nada”. Ellos fueron los principales artífices del traslado de diligencias desde Pamplona a la Audiencia Nacional, y todos sabemos lo que ha acontecido después. Son víctimas y tienen derecho a sentir odio, pero cuando se dedican a sembrar odio, hay que decirlo y tenerlo en cuenta. Pensando en esta exclusiva clase de víctimas han tomado su lamentable decisión los responsables políticos de Donostia 2016.
Es cierto que los derechos colisionan en ocasiones, que entran en conflicto. Y el conflicto es sustancialmente social. Y ¿qué otra cosa se puede esperar de una exposición relativa a la reclusión que refleje conflictos? Lo más fácil y a la vez lo más torpe es resolverlo mediante la amputación de derechos. Ni el diputado de Cultura, ni el diputado general de Gipuzkoa, ni el alcalde de la capital cultural 2016 han demostrado la suficiente talla para erigirse en jueces de este conflicto.
Praxku
