Los jueces normales y corrientes van realizando su trabajo, a menudo con medios y plazos que lo hacen aún más difícil. Por eso, cuando critico la justicia española –y lo hago a menudo–, me centro en las grandes instancias judiciales, las de más poder y más ideología. Hoy vuelvo a hacerlo, entre escandalizado y ofendido.
Me sorprende, por ejemplo, que no haya habido un clamor unánime contra el juez Del Olmo, que suspendió el periódico Egunkaria e imputó a cinco directivos de pertenencia a ETA. Ahora, siete años después, un tribunal de la propia Audiencia Nacional absuelve a los acusados y carga durísimamente contra la decisión de su colega, diciendo que no tenía «cobertura constitucional» y que él asumió «la estrecha y errónea visión según la cual todo lo que tenga que ver con el euskera y con la cultura en esta lengua debe estar fomentado y/o controlado por ETA», visión que ha conducido «a una errónea valoración de datos y hechos y a la inconsistencia de la imputación». Después de esto, ¿puede Del Olmo seguir ejerciendo de juez? ¡Qué miedo! ¿No debe responder en nada de los gravísimos e irreparables daños y perjuicios que ha causado con su acción inconstitucional?
Claro que los miembros del Constitucional también se las traen. ¿Cómo es posible que nadie les pida explicaciones por no saber realizar su trabajo en casi cuatro años de examen del Estatut del 2006? A pesar de que su labor sea básicamente ideológica, hay aspectos que no lo son en absoluto: por ejemplo, ¿por qué no dejan el cargo cuando finaliza su mandato? ¿Por qué no cesa en pleno todo el tribunal, si se ve incapaz de decir nada sobre una cuestión de esta envergadura? ¿No se les piden responsabilidades por ello? ¿Y no se piden a los que les han nombrado y no hacen nada para relevarlos cuando se ha agotado el mandato?
¿Solo los ciudadanos debemos cumplir puntualmente con los plazos legales, solo nosotros tenemos que asumir las responsabilidades de nuestros actos? Con ejemplos tan clamorosos, pedir respeto y crédito para la alta justicia es, en realidad, pedir complicidad. La mía, no.
Josep Maria Terricabras (El Periódico)
Me sorprende, por ejemplo, que no haya habido un clamor unánime contra el juez Del Olmo, que suspendió el periódico Egunkaria e imputó a cinco directivos de pertenencia a ETA. Ahora, siete años después, un tribunal de la propia Audiencia Nacional absuelve a los acusados y carga durísimamente contra la decisión de su colega, diciendo que no tenía «cobertura constitucional» y que él asumió «la estrecha y errónea visión según la cual todo lo que tenga que ver con el euskera y con la cultura en esta lengua debe estar fomentado y/o controlado por ETA», visión que ha conducido «a una errónea valoración de datos y hechos y a la inconsistencia de la imputación». Después de esto, ¿puede Del Olmo seguir ejerciendo de juez? ¡Qué miedo! ¿No debe responder en nada de los gravísimos e irreparables daños y perjuicios que ha causado con su acción inconstitucional?
Claro que los miembros del Constitucional también se las traen. ¿Cómo es posible que nadie les pida explicaciones por no saber realizar su trabajo en casi cuatro años de examen del Estatut del 2006? A pesar de que su labor sea básicamente ideológica, hay aspectos que no lo son en absoluto: por ejemplo, ¿por qué no dejan el cargo cuando finaliza su mandato? ¿Por qué no cesa en pleno todo el tribunal, si se ve incapaz de decir nada sobre una cuestión de esta envergadura? ¿No se les piden responsabilidades por ello? ¿Y no se piden a los que les han nombrado y no hacen nada para relevarlos cuando se ha agotado el mandato?
¿Solo los ciudadanos debemos cumplir puntualmente con los plazos legales, solo nosotros tenemos que asumir las responsabilidades de nuestros actos? Con ejemplos tan clamorosos, pedir respeto y crédito para la alta justicia es, en realidad, pedir complicidad. La mía, no.