más allá de la evidencia de
que las administraciones están obligadas a promover el ejercicio para favorecer
los hábitos saludables de la población, la retirada del patrocinio a Osasuna ha
devuelto a la actualidad la controvertida relación entre los poderes públicos y
el deporte de alto rendimiento. Siempre desde el legítimo cuestionamiento de por
qué la ciudadanía en su conjunto debe financiar a los equipos de élite y a sus
excelsamente remunerados miembros, más en época de cruda recesión. Resultando
las subvenciones uno de los elementos más controvertidos de la democracia
-porque las partidas que a unos les parecen nimias a otros se les antojan
alarmantes-, tan cierto es que esos clubes solo tienen razón de ser si pueden
sostenerse por sí mismos como que parece razonable que gocen de un cierto
respaldo institucional en atención a su interés social, al fomento de la cantera
o al valor añadido para la imagen del territorio al que representan. La cuestión
radica en la graduación de esa ayuda y en cómo se pondera en cada uno de los
deportes y niveles, vinculándola además al cumplimiento de las obligaciones
legales y por ende tributarias. Esa tarea, también por respeto a tanto abnegado
directivo, es una de las que más propiamente da sentido a una dirección
gubernamental de política deportiva, que debiera primar las inversiones
estructurales sobre las de coyuntura -como eventos puntuales-, descartando todo
proyecto sobredimensionado. No deja de chocar que quienes ven injustificables
los 1,4 millones de Osasuna sigan contemplativos ante los ruinosos circuito de
Los Arcos o Navarra Arena.
Víctor Goñi, en Diario de Noticias
