El titular no es tan impactante como las querellas contra dirigentes independentistas o como la irrupción de la Guardia Civil en el Parlament, pero la amenaza que ayer llegó a Catalunya desde Madrid no es menor, ni mucho menos. Con las vías de financiación exterior vetadas y con una capacidad mínima de recaudar impuestos propios, la Generalitat depende del Estado para financiar todos sus gastos. Lo hace a través del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), que no son sino créditos que luego la Generalitat devuelve al Estado con intereses.
Consciente de la debilidad financiera de la Generalitat, el Consejo de Ministros decidió ayer exigir al Govern que presente semanalmente certificados que demuestren que no se ha gastado ni un solo euro en la organización del referéndum del 1 de octubre. Si no lo hace, el portavoz del Gobierno español, Iñigo Méndez de Vigo, amenazó con cortar el grifo y dejar a la Generalitat sin liquidez. Es un importante cambio en la estrategia del Estado –y un síntoma de la dimensión que está tomando el 1-O–, ya que hasta ahora habían insistido en que sus acciones se dirigirían exclusivamente contra los dirigentes y cargos independentistas, y no contra el conjunto de ciudadanos, como ahora.
«Ni un euro de los catalanes irá a parar a un referéndum ilegal que solo quieren unos pocos», consideró, a su vez, Méndez de Vigo, ignorando la enésima encuesta que ayer plasmó el ampliamente mayoritario consenso catalán a favor de un referéndum (71,4%).
Beñat Zaldua, en GARA
