Sábado, 5 de agosto
Sábado 5 de Agosto. 
Garoña cierra. El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, ha informado de que el Gobierno español ha decidido denegar la autorización de reapertura a la central más antigua del Estado, y la más cercana a Euskadi: Santa María de Garoña (Burgos).
La deriva del pulso político entre el Govern de la Generalitat y el Gobierno de Mariano Rajoy ha entrado en una fase de acción y reacción que ya intuye la proximidad del desenlace a la vuelta del verano y ha perdido en estos momentos toda posibilidad de reconducirse por la vía del diálogo. La principal herramienta de la democracia, la negociación y la búsqueda de consensos sobre los que sustanciar la convivencia ha sido abandonada y con ella quedan a su suerte las expectativas ciudadanas depositadas en la utilidad de la institucionalización. La indolencia y el silencio irresponsable con el que se ha comportado el Gobierno español en todo este asunto durante años es prueba de cargo de su responsabilidad en el deterioro de la situación. Su pretensión de negar la evidencia dando la espalda a la realidad de un conflicto territorial no afrontado solo ha servido para enconar la acción política de quienes, poseedores de una mayoría en el parlamento catalán, no han encontrado suelo legal sobre el que construir su proyecto y corren el riesgo de intentar sostenerlo en un entramado sobrevenido, marcado por las circunstancias y orientado a superarlas. Con ello pueden dejar por el camino jirones de calidad democrática en aras de una iniciativa -el proceso de secesión- cuya legitimidad como proyecto político no es cuestionable pero cuya aplicación requiere de un sustento de mayor peso que la mera iniciativa parlamentaria de una mayoría exigua y no respaldada por el sustento plebiscitario que buscaron sus promotores. El proceso catalán no tiene freno por la mera oposición del entramado jurídico español. La irresponsabilidad de abocarlo a ese callejón sin salida está en el deber del presidente Rajoy. En el otro extremo, las iniciativas que han convertido la celebración del referéndum del 1 de octubre en la prioridad fundamental están cayendo en la inercia de desatender la calidad democrática del procedimiento. Obligados a evitar los palos en las ruedas, el proceso de desconexión está construyéndose sobre principios legales endebles e improvisados que, al verse acorralados, afrontan el riesgo real de sustentarse en un formato carente de las garantías democráticas necesarias. La elusión del debate parlamentario y la renuncia a una representatividad social cualificada en la decisión del 1-O al no establecer mínimos de participación van en esa línea.
