El fallo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) que abre la puerta a la instalación de macrogranjas de animales en la comunidad y da la razón a la empresa Hibridación Termosolar Navarra SL y Valle de Odieta para ampliar sus instalaciones de Caparroso pasando de 3.450 a 7.200 cabezas de ganado y el paso a régimen termófilo de la planta de biometanización exige al Gobierno readecuar la normativa foral actual para regular y evitar la instalación de estas grandes instalaciones. La normativa actual ya había sido tumbada el pasado junio por el TSJN, pese a lo cual el Gobierno recurrió y defendió la necesidad de limitar un modelo de ganadería que generan un impacto negativo desde el punto de vista social, económico, medioambiental y, sobre todo, sanitario. Si no se regulan este tipo de explotaciones, puede haber consecuencias graves e irreparables para el sector ganadero navarro, para el medio ambiente y para la cohesión territorial. De hecho, el departamento de Desarrollo Rural argumenta, en línea con las Estrategias de la Granja y la Mesa de la Biodiversidad de la Unión Europea, que el sector agrario debe basarse en producciones cada vez más sostenibles, un modelo contrario a las macrogranjas e insiste en que Europa no apuesta por estas explotaciones de gran tamaño. Actualmente, Navarra suma unas 160 granjas de vacuno de leche, con una producción anual de 240 millones de litros. De esta cantidad, aproximadamente unos 60 millones proceden de Valle de Odieta, lo que suponen ya un 25% del toral sin tener en cuenta la ampliación a más del doble de las cabezas de ganado que plantea. Un modelo que camina de nuevo anteponiendo intereses particulares a los intereses generales y en sentido contrario a la apuesta global económica y política por la ganadería sostenible y un espacio rural vivo social, económica y medioambientalmente con un modelo de explotaciones medianas y pequeñas que contribuya al arraigo en el territorio. De hecho, esa es la apuesta que defiende el arco parlamentario de Navarra y también las principales organizaciones agrarias y ganaderas, UAGN, EHNE y UPA. Es responsabilidad del Gobierno ajustar ahora la legislación navarra a las carencias e insuficiencias argumentativas que expone el TSJN sabiendo que cuenta para ello con un amplio apoyo político en el Parlamento y sindical en el sector primario. El bienestar de la sociedad no puede estar condicionado únicamente por el libre mercado, como ha demostrado esta pandemia.
Editorial del Diario de Noticias
