Durante la Guerra Civil y los primeros compases de la dictadura se registró la mayor diáspora de obras de arte de la historia de España. A partir de abril de 1939, las autoridades franquistas, a través del Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional (Sdpan), se enfrentaron a la tarea de gestionar los cuadros y otros bienes incautados y salvados por organismos de la Segunda República, principalmente la Junta del Tesoro Artístico. ¿Y cuál fue su principal decisión? Entregar en depósito gran parte de las obras a museos, organismos públicos, la Iglesia y particulares aunque en muchos casos fuese conocido su propietario.
Esa es la principal conclusión que arroja Arturo Colorado Castellary, catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, en su nueva investigación, Arte, botín de guerra (Cátedra). Este volumen, centrado en analizar la política patrimonial franquista —"comparable con el expolio nazi de las colecciones judías"—, completa otros dos publicados anteriormente por el autor: Éxodo y exilio del arte (Cátedra, 2008), sobre la masiva salida de obras artísticas como las del Museo del Prado tras el estallido de la Guerra Civil; y Arte, revancha y propaganda (Cátedra, 2018), donde analiza la instrumentalización que hizo el nuevo régimen del patrimonio durante la II Guerra Mundial —se comparó, por ejemplo, el "robo de los rojos" con el saqueo napoleónico del siglo XIX—. (klik egin-ver más)
David Barreira, en El Español
El proceso soberanista no ha logrado su gran objetivo de conseguir la independencia de Catalunya, en cambio ha provocado una profunda fractura social en la sociedad catalana y la progresiva degradación de las instituciones de autogobierno.
La presidencia de la Generalitat ha sido sometida a un enorme desgaste derivado del hecho de que los dos últimos presidentes, Carles Puigdemont y Quim Torra, no concurrieron ante el electorado como candidatos a esta máxima legislatura. El primero iba en el número tres de la lista de Junts pel Sí por la circunscripción de Girona en las autonómicas de 2015; el segundo, el puesto onceavo de la candidatura de Junts per Catalunya por Barcelona. Ambos, para sorpresa de propios y extraños, empezando por ellos mismos, fueron elevados a la presidencia de la Generalitat tras pactos entre las formaciones independentistas y gracias al aval de la CUP. Desde entonces, esta formación ha devenido en el actor político clave para la investidura de los presidentes de la Generalitat, arrojando a Artur Mas a la papelera de la historia o vetando la candidatura de Jordi Turull.
El Parlament de Catalunya se ha convertido en una caja de resonancia de las reivindicaciones secesionistas, declinando en demasiadas ocasiones de su función de representación del conjunto de la ciudadanía y operando como un instrumento al servicio de la causa independentista, como se puso de manifiesto en las infaustas jornadas del 6 y 7 de septiembre de 2017, cuando se aprobaron las llamadas leyes de desconexión. (klik egin-ver más)
Antonio Santamaría, en El Viejo Topo
